En el Perú, ¿es realmente un derecho la educación?

Por increíble que parezca el Coronavirus Covid-19, está removiendo las estructuras del sistema educativo peruano y ha puesto en evidencia las graves deficiencias, que se superviven desde la época republicana hasta la actualidad.  

En el Perú, la educación pública tardó mucho en expandirse y democratizarse. Gran parte de la época republicana, la educación estuvo a cargo de entidades religiosas  – tanto católicas como protestantes – dedicadas a la formación de las élites nacionales para darle continuidad al sistema imperante principalmente y en algunos casos para las capas sociales medias y bajas.

De acuerdo a la Constitución Política y las normas supranacionales, la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades. Sin embargo, este derecho a la educación de calidad, que tanto pregonan políticos y gobernantes, no llega a las poblaciones más vulnerables, los pueblos originarios de las zonas rurales y amazónicas.

Mediante la LGE [1] se define la educación como, “… un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas,…” (Art. 2°). El mismo cuerpo legal citado ha establecido entre sus fines la formación de las personas para lograr, “su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía (…)” (Art. 9°).

El derecho a la educación del que hoy nos ocupamos, implica el derecho a la dignidad de la persona, la que se plasma mediante el ejercicio pleno de la libertad, pero no como mera posibilidad, sino como capacidad de decidir por sí mismo lo que realmente se quiere ser.

Reconocer la educación como derecho fundamental implica un cambio radical en el modo en que se concibe la relación entre sujetos activos de la educación y el Estado. Bajo el enfoque de derechos, la labor del Estado en la provisión de servicios básicos implica un desempeño esencial de construcción de ciudadanía. En ese sentido, la educación ya no se concibe en el marco de una mera política pública, un programa o una finalidad estatal únicamente. Tampoco como como mero garante del derecho como señala la Constitución peruana. Al haber suscrito el Perú, la declaración universal de los derechos humanos, contrae la obligación de realizar acciones concretas y a destinar recursos apropiados del presupuesto para poder realizar este derecho, garantizar, por lo tanto, la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria y básica.

El fundamento teórico de la educación, como fuente para la libertad, lo describe claramente el filósofo alemán Immanuel Kant, “La libertad garantiza el respeto por la voluntad individual e implica que cada uno debe hacerse responsable de sus actos. (…) Tan sólo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él”.

La educación y la libertad son elementos fundamentales y condición para el ejercicio de ciudadanía, en ese sentido es un error reducir la educación a lo meramente pedagógico, excluyendo el contexto económico, social, político y cultural en que se desarrolla. Al respecto, el gran maestro José Antonio Encinas [2] advertía que, la educación del niño no sólo es un problema pedagógico, sino también social. La escuela por su naturaleza –afirmaba- es un cuerpo colegiado donde maestros y estudiantes persiguen un solo propósito: el de ponerse al servicio de la colectividad”. En este caso, no está hablando de “la escuela” en abstracto, sino de cada escuela, como espacio de formación para el ejercicio de ciudadanía.

El Foro Mundial sobre la Educación 2015 que aprobó el Marco de Acción de Educación 2030 [3], reafirma que la educación es un bien público, un derecho humano fundamental y la base para garantizar la realización de otros derechos. (…) Ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos.

Para conocer, revisaremos aunque sea de manera somera algunos indicadores medidos por el Ministerio de Educación y el INEI, como es la cobertura y las condiciones de educabilidad.

En el caso de la cobertura en educación inicial, veremos la magnitud de niños(as) de 3 a 5 que participan del servicio en educación inicial. En el año 2007, sólo el 67% de los niños estaban matriculados en el jardín y/o PRONOEI, en cambio el año 2017 se incrementó al 83%. Según la residencia el 83% se matriculo en IE ubicados en zona urbana; mientras que el 81% en zona rural. Pero, la asistencia escolar en el año 2017 en la zona urbana llega al 81,5%, y en la zona rural el 79.8%. En general salta a la vista, la gran brecha que se requiere cubrir que se aproxima al 17%.

En educación primaria, se observa una tasa de cobertura alta. El 99,5% de niños de 6 a11 años se encuentra matriculado, siendo la diferencia nada significativa entre la zona urbana y rural. Sin embargo, la asistencia escolar llega al 91,4%. Siendo la educación primaria base para el aprendizaje de conocimientos, el casi 10% es un dato sumamente preocupante, ¿Qué hace el estado por esos niños? ¿El Estado ha implementado alguna política por atender el derecho a la educación de estos niños?

En educación secundaria, la tasa neta de matrícula escolar de la población de niños de 12 a 16 años alcanza al 95,3%. Según la zona de residencia, el 95,6%  está matriculado en una IE del área urbana, mientras que el 94,6%.  Lo hizo en una IE de zona rural. Aquí, resulta preocupante la asistencia escolar que alcanza al 83,9%. Alrededor del 16% de alumnos que en el camino desertan del servicio educativo.

En Educación primaria el 91,5% de alumnos cuyas edades fluctúan entre 12 a 14 años, concluyen sus estudios; pero en la zona rural apenas el 85,1%. En educación secundaria el 78,6% de alumnos cuyas edades fluctúan entre 17 a 19 años concluyen sus estudios, mientras que en la zona rural alcanza al 60,2%.

De acuerdo a los datos presentados para la priorización de inversiones, Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Sector Educación, se conoce los siguientes datos:

En cuanto a equipamiento, dato muy importante para el trabajo docente. Según la Encuesta Nacional a Instituciones Educativas – ENEDU 2019, el 28,8% de las IE de nivel primaria y el 69,8% en educación secundaria cuentan con computadora portátil. En el siguiente cuadro podremos observar regiones con mayor implementación, así como regiones con muy baja implementación de equipos portátiles.

En cuanto a la participación de los docentes en algún programa de formación de tecnologías digitales, en los últimos doce meses, se tiene: Educación Inicial el 29,2% de IE urbanas y el 17,1% de IE rurales; en Educación primaria: el 30,8% de zona urbana y 14,3% de zona rural; Educación secundaria: el 38,7% de zona urbana y 24,3% de zona rural.

Con estos datos podemos inferir, la exclusión a niños y jóvenes del sistema educativo; en todos estos años la educación no tuvo ni tiene la prioridad que merece; el estado ha rehuido a su responsabilidad, dejando al sector privado su obligación, en desmedro de la escuela pública. Las interpelaciones a este y al siguiente gobierno irán en aumento, pues, así como migran las familias pobres de Lima a sus regiones, igual ocurrirá de las escuelas privadas a la Pública. ¿Cómo afrontar estas demandas, dentro del enfoque de derechos? No es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su superestructura política. (Mariátegui JC, 7 ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. 1828) “Una igualdad que no existe en el plano de la economía y de la política no puede tampoco existir en el plano de la cultura”. (Mariátegui JC, Temas de Educación. 1970).

[1] Ley N° 28044, Ley General de Educación
[2] Encinas José Antonio, Un ensayo de escuela nueva en el Perú, p. 20.
[3] Declaración de Incheon Educación 2030 Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos