¿Por qué Dina Boluarte y la derecha no pueden controlar el país? 10 razones

Con casi dos meses de gobierno, Dina Boluarte está más cerca de salir del gobierno que de quedarse a pesar de haber ordenado la represión más sangrienta de los últimos 20 años en América Latina.

Su postura inicial fue la de quedarse hasta el año 2026. Tras las primeras marchas estuvo de acuerdo con adelantar elecciones hasta el 2024 y, por último, habló de elecciones para el año 2023.

Analistas como Hildebrandt o Javier Torres Seoane han calificado su gobierno como un régimen cívico militar pues tiene a militares como Williams, Montoya, Chiabra y José Cueto como aliados desde el congreso y como nexos con el alto mando.

Además, tienen el apoyo tácito o expreso del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, los medios de comunicación empresariales, los altos mandos policiales y otros actores. Entonces, ¿por qué no logra controlar al país?

1.- Redes sociales

Sin bien el régimen de Dina Boluarte tiene a toda la prensa de alcance nacional consigo no controla el tráfico de información que circula por redes sociales, la aparición del periodismo alternativo y la información de los medios de comunicación provincianos.

Mientras en los medios de comunicación tradicionales se transmite la narrativa de grupos violentistas minoritarios que amenazan al país, las redes sociales la destrozaron

En redes sociales se pudieron apreciar, cruentos asesinatos, militares disparando a desarmados, policías golpeando a menores de edad, se pudo conocer que las víctimas fueron incluso menores de edad o personas que solo ayudaban.

2.- Reacción no esperada

Por la manera de actuar de la policía y el ejército en Ayacucho y Andahuaylas se estima que el gobierno aplicó el procedimiento estándar para controlar movimientos sociales: en resumen: infiltrar policías de civil, azuzar actos violentos y, aplicar la fuerza.

En Andahuaylas, se reportaron quema de locales judiciales y fiscales y, poco después, se pudieron captar francotiradores a los que se atribuyen dos muertes.

En Ayacucho fueron los militares los que mataron, y se intentó revivir el temor de los años de la guerra contra Sendero Luminoso.

A esto le siguen las detenciones de dirigentes y su incriminación; sin embargo, lejos de apagar la rebeldía, en Juliaca los ciudadanos reaccionaron en forma opuesta y, nació la idea de viajar a Lima para trasladar allí la protesta.

3.- Cambio generacional

El procedimiento estándar desde la aplicación de la guerra de baja intensidad o doctrina de Shock en el Perú, concuerda para una población ya escarmentada con la política de represión militar en los años 80´s (desapariciones, torturas, encarcelamiento).

Sin embargo, la gran mayoría de participantes en lo actos rebeldes no vivieron dicha política. Esto se evidencia en la edad de los heridos y fallecidos que, en su gran mayoría están entre los 20 y 35 años, es decir no existían o eran niños en esos años.

La estrategia de represión estaba orientada a revivir traumas de los años 80´s. El detalle de trasladar a un grupo de detenidos de Ayacucho a la base «cabitos» en Ayacucho sin abogados, es evidente.

4.- Sin enemigo imaginario

El gobierno no pudo implantar una narrativa a su favor para justificar sus actos. En tiempos de Fujimori, la narrativa impuesta era que todo adversario del gobierno era senderista.

En cambio, Dina Boluarte, pasó de culpar a los mineros y narcotraficantes a los tenientes gobernadores pasando a las huestes de Castillo y, finalmente, a los bolivianos.

Para la estrategia de crear un enemigo que manipula al ciudadano la repetición de indispensable y, por eso, hasta en las encuestas de empresas e instituciones dependientes de los grupos de poder, Dina Boluarte es la gran culpable.

5.- Soporte económico de los opositores

El ensañamiento contra la población revivió la solidaridad y el sentimiento colectivo en las regiones afectadas. Tanto así que se organizaron colectas para financiar el viaje de protestantes a Lima.

Si hace unos años, los sectores más contestatarios eran muy endebles económicamente, hoy, productos de trabajo duro, emprendimientos, y, también, por su interacciones como actividades económicas criminalizadas como la pequeña minería, el contrabando y el narcotráfico, sus economías se han robustecido.

Comparativamente con el Estado sus recursos son muy inferiores pero suficientes para sustentar paralizaciones bloqueos de carreteras, manifestaciones y otra medidas.

6.- Articulación novedosa del movimiento

Hasta la fecha, los grandes movimientos de protesta, se articulaban regionalmente, alrededor de una figura carismática o se sustentaban en un sindicato o partido político.

Incluso, las convulsiones que sacaron al fugás presidente, Manuel Merino, fueron publicitadas por los medios de comunicación que hoy son repudiados por los peruanos.

En cambio, el levantamiento que se desarrolla en la actualidad, no tiene ninguna de esas características: hay una dirigencia de perfil muy bajo, los partidos políticos y sindicatos tiene participación marginal, entre otras.

Esto ha confundido a las fuerzas represoras pues lo normal hubiera sido enlodar al líder y luego detenerlo. O bien, transar con los sindicatos o partidos, esto es imposible.

7.- No logró el apoyo de todas las instituciones

Hasta el momento, Dina Boluarte no logró el apoyo del acuerdo nacional, que junta a los principales actores formales del Perú.

Al menos seis gobernadores han pedido su renuncia, se suman instituciones de derechos humanos, colegios de abogados, gobiernos locales y todo tipo de asociaciones de provincias.

Por esta razón, la CGTP y los sindicatos han apoyado parcialmente las movilizaciones a pesar de que hay seguimiento y amenaza penal sobre los dirigentes identificados.

8.- Aliados embarrados

El gobierno de Dina Boluarte se sustenta en un congreso que es desaprobado por 9 de cada 10 electores, y un Ministerio Público percibido como un feudo de mafias.

La policía nacional es percibida como una de las instituciones más corruptas así como el ejército cuyos altos mandos están envueltos en constantes escándalos como el de robo de combustibles y negociados con los bienes públicos.

En suma, es un gobierno visto como ilegítimo que tiene, entre sus aliados a más actores ilegítimos. La muestra más clara es el periodismo capitalino, cuyos exponentes no logran defender su imagen o se han dedicado a criticarla suavemente.

9.- Destrucción de narrativas

Las narrativas de la validez de la democracia, el esfuerzo individual como base de progreso, la existencia de terroristas que amenazan a la sociedad y otros se han desgastado enormemente, en especial, luego de la pandemia del Covid-19.

En esta pandemia, los ciudadanos vieron cómo se necesitaba de una buen sistema de salud, como los grandes empresarios recibían dinero del estado mientras que a ellos les daban bonos insignificantes.

El que se sentía emprendedor de pronto descubrió que en realidad era un subempleado; el que tenía sus dinero en la AFP vio cómo otros se beneficiaban con el fruto de su trabajo.

Aquí se destrozaron muchas narrativas que sustentan en actual orden. La élite económica detrás de Boluarte no puede sustentar más sus beneficios sin recurrir a la fuerza bruta.

10.- Su poder descansa en el fusil

A estas alturas, el gobierno de Boluarte y la extrema derecha solamente tiene al poder del fusil como único soporte.

Las denominadas marchas por la paz se han revelado como impulsados por la misma policía con el auspicio de poderosas empresas.

Las personas que se mantenían al margen de las protestas, al ver los abusos y los excesos de su gobierno, se han puesto en contra suya, tal como reflejan las últimas encuestas.

La pregunta es: cuánto dura un orden social sustentado únicamente por la fuerza, la represión, el amedrentamiento y la persecución.