El Grupo Comercio se debate entre tropiezos económicos y denuncias por corrupción
J. Carlos Flores Vargas
11/03/2022
En esta semana se reveló que los principales medios de comunicación obtienen mucho menos dinero del Estado que en años anteriores y, por si fuera poco, está siendo sometida a investigación por parte de la fiscalía.
A esto se suma su crisis de credibilidad que se refleja en el rechazo a varios de sus contenidos políticos y su disminuida capacidad de manipulación de la opinión pública.
Colusión al más alto nivel
El portal Ojo Publico, informó que existe una indagación preliminar por el presunto delito de colusión en el que están inmersas dos empresas del grupo El Comercio y otros tres editoriales.
El negocio es la impresión de textos para el Ministerio de Educación y los hechos a investigar son los presuntos arreglos económicos dados entre el grupo empresarial y altos funcionarios de gobiernos anteriores.
Las empresas en cuestión con la Editora EL Comercio S.A y Amauta Impresiones Comerciales las cuales habrían obtenido ilegalmente contratos para la impresión de textos entre los años 2009 y 2016 que significaron movimientos económicos que suman 359 millones de soles.
Fue Indecopi que detectó e inició un proceso administrativo que estuvo a punto de ser archivado en le fiscalía pero, la procuraduría apeló el caso.
Además, en un proceso administrativo de segunda instancia Indecopi confirmó sus conclusiones obtenidas en la primera.
Lo importante del proceso de segunda instancia es que se incluyó un informe de la Comisión de Bolsa y Valores del Gobierno de Estados Unidos donde se da cuenta que personal del Ministerio de Educación recibió 117 mil soles en sobornos.
El Ministerio Público
El nexo que vincula al Ministerio Público y a la gran prensa también juega un rol importante en esta investigación pues el fiscal a cargo mandó el caso al archivo sin siquiera interrogar a los responsables de las empresas sobre el papel de los funcionarios públicos en los presuntos delitos.
De momento, a nivel administrativo las empresas han aceptado que hubo concertación entre ellas para distribuirse contratos pero no han delatado un funcionario pese a que hay fuertes evidencias de su participación.
La estrategia es ahogar el asunto a nivel administrativo y no pasar al nivel penal. Para esto es necesario que se mantenga su versión que niega la participación de funcionarios públicos. La pelota está en manos del Ministerio Público, en la práctica aliada de la prensa empresarial.
Apuros económicos
Los años dorados de la gran prensa terminaron en el año 2018 con la polémica Ley Mulder que fue declarada anticonstitucional.
En los años anteriores, un puñado de medios de comunicación recibieron cerca de 2 billones de soles en un periodo de nueve años.
La llegada de Pedro Castillo al poder significó otro revés para sus intereses económicos pues se ha revelado que sus ingresos por concepto de publicidad estatal han caído dramáticamente.
De ahí la desesperación y la cobertura a las quejas de Ximena Pinto, quien según la ex congresista Cecilia García era la encargada de negociar millones entre el gobierno de Pedro Castillo y el grupo El Comercio que, tras el escándalo soltó la «bomba» inútil de las supuestas revelaciones de Karelim López.
Una consulta al portal de Transparencia Económica reveló que en lo que va del año grupo El Comercio facturó poco más de un millón de soles cuando el año pasado el ingreso fue de 46 millones.
