Defensoría del Pueblo: material educativo aún no se distribuye en todos los colegios

A un mes de iniciado el año escolar, la Defensoría de Pueblo, durante una visita itinerante a la provincia de Quispicanchi, en Cusco, detectó que la Institución Educativa de Tayancani, del distrito de Carhuayo no ha recibido los cuadernos de trabajo. De igual manera la I.E. “Señor de Qoyllorrity” en Ocongate no cuenta con módulos de comprensión lectora o reforzamiento, revelando una seria falencia en la distribución del material educativo.

También se encontró que en la I.E. N° 50490 “Las Mercedes” del distrito de Ccatcca, se recibieron cuadernos de trabajo en quechua, pese a que la mayoría de estudiantes habla únicamente castellano. En total son 1086 estudiantes los afectados por esta situación.

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por estos hechos, los cuales se agravan por el estado de los planteles. El 86% de los colegios públicos rurales no tiene acceso adecuado a los servicios de agua y saneamiento; y un tercio no cuenta con un servicio eléctrico apropiado, lo cual impacta negativamente en el aprendizaje. Se ha calculado que para el año 2025 la brecha de infraestructura será de 100 mil millones de soles si no se toman acciones para revertir esta vulneración a derechos fundamentales.

La última Evaluación Censal de Estudiantes, llevada a cabo en el 2016, confirmó que solo el 16.5% de estudiantes de área rural de 2º grado de primaria logró aprendizajes satisfactorios en Lenguaje, en contraste con el 50.9% de estudiantes de área urbana. En Matemática esa brecha es aún más significativa: 17.3% en área rural y 36.6% en área urbana.

La Defensoría del Pueblo considera fundamental que el Ministerio de Educación (Minedu) apruebe la Política de Atención Educativa para la población del ámbito rural, la que debe garantizar iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un servicio educativo de calidad. Agrega que se debe incluir una visión integral que comprenda la infraestructura y el acceso a servicios básicos así como los servicios complementarios a la educación como son la alimentación y salud de los niños y niñas.

Esta política debe constituirse en un instrumento que garantice una educación de calidad. Esa es la meta que debemos plantearnos para alcanzar una sociedad más justa y equitativa, con miras al bicentenario de la fundación de la República.