Martin Vizcarra y las vacunas: no fue un error, fue un soborno
Las vacunas de “cortesía” habrían funcionado como soborno para funcionarios del gobierno peruano, dando ventajas a Sinopharm y saboteando a farmacéuticas. Vacunagate podría costarles la libertad a todos los implicados.
La Universidad Peruana Cayetano Heredia reveló una larga lista de beneficiados con la vacuna, entre ellos: médicos, personal de salud, empresarios y políticos que sabotearon a más de 30 millones de peruanos con su escándalo de corrupción.
Contrato con Pfizer
Un reportaje de “Hildebrandt en sus trece” revela que el Perú estuvo a punto de cerrar un acuerdo con Pfizer por la compra de 9.9 millones de vacunas, de las cuales 50 mil llegarían en diciembre del 2020, iniciando mucho antes el plan de vacunación para los peruanos.
Además la farmacéutica se comprometió a entregar 1 millón 750 mil dosis en el primer trimestre del año. Para cerrar este acuerdo, Pfizer mandó un contrato el lunes 23 de noviembre, cuando la presidencia ya estaba en manos de Francisco Sagasti.
La firma del contrato fue postergada para el lunes 30 noviembre pero esta nunca se firmó. El Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a aceptar dos de las cláusulas del contrato que según ellos “vulneraban la soberanía” de nuestro país.
Dichas cláusulas eran las siguientes:
- Inmunidad para el laboratorio y sus subsidiarias a nivel mundial en caso de que las vacunas provoquen efectos secundarios en las personas.
- La posibilidad del embargo de cuentas y propiedades del estado peruano en caso de que el país incumpliera con el pago de las vacunas.
No obstante, la fuente del semanario reveló que el Ministerio de Relaciones Exteriores nunca tuvo la intención de firmar el contrato de Pfizer pues ya se habían vacunado con la cortesía de Sinopharm.
Botando así la oportunidad de los médicos peruanos que se hubieran salvado con la llegada anticipada de una vacuna.
Encargados de la vacuna
A la cabeza de estos importantes contratos se encontraba Carlos Castillo Solorzano, asesor en vacunas del Minsa y Jorge Jamara Alván, exdirector de Ciencia y Tecnología de la cancillería y brazo derecho de la ex canciller Elizabeth Astete.
Castillo Solorzano representante alterno de Pilar Mazzetti en el Comité Multisectorial de las vacunas se había vacunado el 12 de septiembre y Jamara Alván el 3 de octubre. Además, ellos serían los encargados de elegir a los funcionarios beneficiados con la vacuna china, según Germán Málaga.
Jorge Jamara Alván fue el enlace con la Embajada china en el Perú, a quien se le dio 1200 dosis para su inoculación, cuando la embajada no llega a las 250 personas.
Ellos habrían bloqueado la firma final del contrato con el laboratorio Pfizer para después estar a favor de la compra de vacunas a Sinopharm a un elevado costo unitario en comparación con otras vacunas.
Vacunas
El Perú adquirió finalmente el 7 de enero las vacunas de Sinopharm, cuando la excanciller Elizabeth Astete aprobó la compra de 1 millón de vacunas por 94 millones de soles, es decir 94 soles por dosis (25 dólares).
Precio elevado en comparación con otros laboratorios como AstraZeneca que ofrece sus vacunas a menos de 3 dólares, la rusa Sputnik V a 19 dólares o el mismo Pfizer que vende su vacuna a menos de 20 dólares.
De haber cerrado contrato con Pfizer en noviembre del pasado año, no solo tendríamos a más peruanos vacunados sino que también el Perú habría pagado aproximadamente 20 millones menos de lo que pagó por el lote de 1 millón de vacunas Sinopharm.
Posibles delitos cometidos
La Fiscalía de Nación inició una investigación preliminar para el destape del caso Vacunagate el 15 de febrero a cargo de la fiscal Zoraida Ávalos.
La investigación involucra a Martin Vizcarra y todos los responsables involucrados como los altos funcionarios vacunados clandestinamente que incurrirán en varios delitos como:
El delito de concusión regulado en el artículo 382 del Código Penal, el cual sanciona al funcionario o servidor público que abusando de su cargo, induce a una persona a prometer un beneficio patrimonial, con pena de 2 a 8 años de cárcel.
También incurre en el delito de negociación incompatible, regulado en el artículo 399 del Código Penal que sanciona con una pena de 4 a 6 años de cárcel por la indebida conducta del funcionario que se interese en cualquier contrato con la finalidad de obtener un aprovechamiento.