El virus que desnuda

Alberto Chirif *

El COVID-19 es un factor que nos impele a meditar quiénes somos como país después de doscientos años de º fundada la república. Un factor más, en realidad, porque también reflexionaríamos sobre el tema si el virus no nos hubiera tomado por asalto. Sin embargo, es un aguijón adicional que añade dramatismo a la conmemoración.

Junto con muerte y dolor, el COVID-19 se ha encargado de desnudar a las sociedades y a sus propuestas económicas, a las que me niego a calificar como “paradigmas de desarrollo” porque, además de incrementar la riqueza de un sector muy reducido, no han servido para generar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Casi resulta inútil hacer una afirmación de estetipo porque esto ya lo saben quiénes manipulan la sartén, y lo saben tan bien que, incluso, han eliminado ese vocablo de su discurso, reemplazándolo por “crecimiento”. Esto, que podría serconsiderado un acto de sinceridad, no lo es porque, mediante ese cambio, siguen vendiendo la falacia de que el crecimiento beneficiará a todos.

Un libro publicado por Germán Alarco hace un año, Riqueza y desigualdad en el Perú1, nos pone frente al brutal abismo de las desigualdades en el país. El estudio no aborda el tema de la pobreza, aunque ella está implícita en el análisis porque es la otra cara de la moneda. La riqueza se construye sobre la base del acaparamiento de recursos y medios de producción y sobre la explotación de los trabajadores, que genera pobreza entre las mayorías. La riqueza también incluye la concentración de poder, razón por la cual es la negación más brutal de la democracia.

Nada de esto, por otro lado, sería posible sin un bien afinado sistema de mentiras, comenzando por la que constituye el pilar del neoliberalismo: que el mercado se regula por sí mismo. En verdad es el Estado quien establece las condiciones del mercado, pero un Estado que representa al poder de quienes están en la cúspide de la pirámide. Sin ese Estado, que el neoliberalismo vilipendia de boca para afuera pero del cual se aprovecha para sus propios fines, el sistema no contaría con las normas que requiere para acumular poder. ¿Quién, en definitiva, es ese Estado sino los mismos representantes del neoliberalismo que ocupan los más altos cargos para aprobar las normas que les son más ventajosas? Mediante la llamada “puerta giratoria” se ubican en esos puestos  y, luego de establecer las medidas que los favorecen, regresan más tarde a sus empresas. Se trata de normas hechas a medida, como los vestidos de un sastre. Sin este mecanismo no existirían las exoneraciones tributarias, incluyendo las de algunas empresas que nada tienen que ver con el bienestar de la población sino todo lo contrario, como los casinos y las casas de juego; no existiría la devolución de impuestos que termina restituyendo a algunas empresas más de lo que estas inicialmente habían pagado; ni las leyes que favorecen a ciertas actividades productivas, a expensas de ingresos que podría captar el Estado manipulado y, sobre todo, de las justas aspiraciones de bienestar de los trabajadores. ¿Qué tiene que ver esto con el enunciado de que el mercado se regula a sí mismo? ¿Acaso no es ese Estado quien hace posible que obras licitadas multipliquen su costo por dos, tres o más veces para beneficiar a las empresas? Los ejemplos sobran con las carreteras transoceánicas norte y sur, con el gasoducto del sur o la refinería de Talara, por citar tan solo algunos.

Lo señalado en el párrafo anterior no es una originalidad peruana, sino una constante en el sistema neoliberal. Estados Unidos invade un país empleando armas fabricadas por la industria bélica privada que funciona en el país, lo que ya de por sí es un gran negocio para ellas, y luego contrata otras empresas para que reconstruyan el país que ellos han destruido. Sus banqueros hacen malos negocios con los fondos de sus clientes a mediados de la década del 2000, generando lo que se conoce como la burbuja hipotecaria, y luego el Estado otorga un rescate de 700 mil millones de dólares para salvarlos de la debacle con fondos de los ciudadanos. El Reino Unido hizo su propio rescate otorgando 400 mil millones de libras esterlinas a ocho de sus más grandes bancos. España continuó esa línea e invirtió 45 mil 500 millones de euros. El mismo mecanismo fue nuevamente empleado por los Estados Unidos poco tiempo después para salvar a su industria automotriz, a la que le inyectó 25 mil millones de dólares. Todos los países europeos y Estados Unidos subvencionan su agricultura con porcentajes inmensos, mientras que en países como el Perú el Estado clausuró, durante el gobierno de Fujimori, el Banco Agrario y entes comercializadores de productos agropecuarios que beneficiaban principalmente a la pequeña agricultura con el argumento de que la economía de mercado no admite el subsidio.

La privatización de las empresas públicas durante el gobierno de Fujimori, aprovechada principalmente por capitales extranjeros, dio inicio a esta desaforada carrera por la acumulación de la riqueza en pocas manos a costa del patrimonio nacional y de las condiciones de trabajo de obreros y empleados. El libro de Alarco señala que el número de millonarios peruanos con un patrimonio productivo superior a un millón de dólares pasó de 18 mil 496 personas adultas en el 2012 a 38 mil 102 en el 2016. En esos mismos años, quienes tenían más de cien millones pasaron de 33 a 133, y los billonarios con más de mil millones, de dos a diez. Si bien este número es pequeño en comparación con otros países del área, como Chile, Argentina y Brasil, el Perú, entre el 2014 y el 2016 tuvo los mayores niveles de desigualdad con respecto a los otros socios de la Alianza del Pacífico. Señala Alarco que los ingresos per cápita más recientes del 10% más pobre de la sociedad peruana es de 965 dólares anuales, mientras que el 10% más rico es de 20 mil 141 dólares, es decir, más de 20 veces más.

Es verdad que una pandemia rebasa las posibilidades de cualquier Estado, incluso la de los más ricos, como vemos que ha sucedido en algunos países de Europa en los que la disponibilidad de camas para cuidados intensivos, de personal y de equipos especializados ha sido sobrepasada por un acontecimiento excepcional como el que hoy se padece. Pero en el caso del Perú es otra cosa porque las deficiencias de personal, infraestructura y equipos ya estaban desbordadas antes de la pandemia. En los hospitales públicos las camas con los enfermos eran ubicadas en los corredores o hacinadas en habitaciones comunes. Los pacientes debían pagar análisis y medicinas en centros privados porque el hospital no disponía de equipos, reactivos ni fármacos.

Las lecturas acerca de la historia del Perú nos enfrentan a situaciones ya conocidas porque el presente repite con asombrosa semejanza hechos del pasado. Estas tienen como núcleo central, como motor que las impulsa, la corrupción. El libro de Alfonso Quiroz2 es un recuento que asusta y entristece por cómo este corazón pervertido ha bombeado energía a lo largo de toda nuestra historia. En torno a este hilo conductor se han acomodado todas las demás lacras de nuestra sociedad: autoritarismo, traiciones, engaños, patriotismo de fantasía, pequeñez de pensamiento, racismo y otras.

No hemos podido construir una identidad propia porque nos negamos a nosotros mismos o creamos imágenes falsas. Diversos gobernantes repiten la fórmula de nuestro glorioso pasado incaico, lo que de por sí es un error porque el pasado de ese territorio tiene mucha mayor profundidad histórica que la que ofrece el Tawantinsuyo. Y con esa receta vacía de contenido satisfacen su conciencia peruanista, que no guarda ninguna coherencia con el trato que históricamente se le ha dado durante la república a la gente que construyó ese pasado. Discurso esquizofrénico que alaba una idea pero maltrata a las personas reales, las desprecia y las convierte en objeto de burlas, cargándolas con adjetivos despectivos y acusándolas, incluso, de ser la causa de nuestro atraso como país. Disfrutamos de su legado, como la domesticación de plantas que hoy alimentan a la población mundial y de animales que enriquecen los salones de la moda, pero somos incapaces de darle el crédito de esta herencia a esas sociedades precolombinas que hicieron la transformación de lo silvestre a lo cultivado y criado, y a sus descendientes que supieron cuidar esa riqueza y desarrollarla.

Es momento de pensar en una organización territorial con mayor participación de la sociedad civil. Más que dinero, las comunidades indígenas reclaman libertad para decidir sobre su territorio .

Vivimos un patriotismo de fantasía que se inflama, sobre todo, en eventos deportivos, en especial si el rival es el país que nos ganó la única guerra verdadera que ha tenido el Perú y que se perdió, sobre todo, por falencias propias: desunión, traiciones, falta de previsión, corrupción. Es decir, las mismas taras que hoy nos afectan. También se activa en marchas, desfiles e izamientos de bandera, hoy acontecimientos dominicales en todas las plazas centrales de las ciudades capitales del país. Es el patriotismo de himnos, rostros adustos y discursos retóricos que deja margen para seguir despreciando la realidad de las personas, burlándose de ellas y aprovechándose de recursos públicos que debieran destinarse a mejoras en los campos de la salud, la educación y la economía. Actos que no comprometen a los participantes con el destino de la patria, que no es una abstracción como ellos piensan sino seres humanos, personas con necesidades, familia, sueños, aspiraciones. Parafraseando a Celaya: “Son gritos en el cielo, y en  la tierra son actos”.

Pero la pandemia no solo ha desnudado al Estado y su discurso neoliberal. También ha hecho lo mismo con las sociedades indígenas y me refiero a las amazónicas, que son las que conozco. Si hoy reclaman víveres al Estado es porque no los están produciendo a pesar de tener tierras, bosques, ríos y una antigua historia de independencia para generar sus propios alimentos. Es verdad que sucesivos procesos de colonización, que se iniciaron en la segunda mitad del siglo XIX, los han ido arrinconando al punto de dejarlos muchas veces confinados a pequeñas islas dentro de un mar de foráneos, con tierras gastadas, bosques empobrecidos y ríos contaminados. Pero hay otros factores que explican los problemas y falencias que experimentan esas sociedades actualmente.

Cegados por la fiebre del oro, muchos indígenas de Madre de Dios -y desde hace ya algunas décadas- son también extractores de dicho metal. Otros se han convertido en rentistas, alquilando sus tierras para que sean explotadas por mineros. Las ganancias, que en este último caso son muy grandes, los han llevado a abandonar el trabajo de sus chacras y de sus bosques como lo hacían antes.

También es cierto que la incursión de ellos en este tipo de actividad, sea como productores o como rentistas, se ha debido a la falta de amparo del Estado cuando, al inicio del auge, sus reclamos por protección de sus territorios invadidos no fueron atendidos. Su lógica fue muy sencilla y humana: si el otro se enriquece de esta manera, ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo?

El alquiler de tierras comunales con fines agropecuarios es un fenómeno que afecta a otras zonas. En algunas de ellas, como el Perené y Oxapampa, se trata de comunidades muy pequeñas establecidas en las áreas que han podido salvar de la colonización. En ellas, las tierras han sido empobrecidas por el sobreuso y los bosques han desparecido. Equivocadamente, la gente ha creído solucionar sus problemas alquilando tierras a colonos. Esto, además de agravar los impactos ambientales por la implantación de monocultivos, no les ha traído bienestar porque los ingresos conseguidos con los alquileres son insuficientes para adquirir en el mercado los bienes que necesitan para su sustento.

En el caso de las comunidades awajún del Alto Mayo (San Martín) existen algunas diferencias. Las comunidades son grandes y muchas de ellas colindantes, lo que les habría permitido generar estrategias integrales de manejo territorial. En esa zona, todas las comunidades, por la ilusión del dinero, han alquilado tierras a colonos cajamarquinos productores de arroz. Los alquileres, a precios ínfimos, han sido también insuficientes para generar el bienestar de sus dueños y familias. Por otro lado, las condiciones contractuales son tan deficientes que hoy, aún cuando algunos comuneros han tomado conciencia del error que han cometido, es prácticamente imposible expulsar a los colonos. Se trata de un proceso que se inició hace más de treinta años, un tiempo durante el cual los colonos han establecidos casas, tiendas, hoteles e instalaciones dedicadas a su actividad agropecuaria que les dan una estabilidad difícil de revertir.

En otras zonas ha sido la coca el cultivo que ha generado la ilusión de riqueza y progreso en las comunidades. Ellas han reconvertido su economía y se han vuelto dependientes de esa actividad. La  pandemia, al imponer limitaciones de circulación, ha afectado las redes de comercialización de la coca y, con esto, los ingresos de los comuneros. Hoy en día, sin dinero ni alimentos propios, sufren las consecuencias de haber hipotecado sus esfuerzos en actividades que no controlan.

Asháninkas y machiguengas dedicados a cultivos comerciales como café y cacao, o al trabajo asalariado como peones en fundos o empresas locales, han dejado de producir en sus chacras y hoy no tienen productos de las mismas.

El Estado también ha contribuido a generar esta situación mediante políticas asistencialistas que, en vez de potenciar capacidades y conocimientos propios para producir alimentos, ha fomentado la dependencia. Programas como Juntos o Qali Warma se ubican dentro de esta lógica paternalista que ha fortalecido la dependencia y que, además, ha sido contraproducente. Los viajes desde las comunidades hasta los centros donde el Estado entrega el aporte suelen costar a las personas (gastos de gasolina o transporte, alimentación y hospedaje) más de lo que ellas reciben. El reparto de víveres, por otro lado, junto con la corrupción, ha tenido como consecuencia el empobrecimiento de la dieta alimentaria y generado problemas de salud por la intolerancia a la lactosa, algo bastante común entre los indígenas amazónicos.

El cambio de patrón de asentamiento de la población de la selva alta ha causado una serie de problemas que no han sido resueltos y que ni siquiera han sido analizados como tales. De una estrategia de ocupación territorial basada en pequeñas unidades familiares dispersas ubicadas en los espacios interfluviales se ha pasado a otra de mediana o gran concentración a lo largo de los ríos. Si bien esto es beneficioso para la población que habita en la parte baja de la Amazonía, a orillas de los grandes ríos navegables, no lo es para la de la selva alta, en la que los ríos son torrentosos y de aguas que no transportan el limo que fertiliza las tierras de las orillas donde se cultiva hasta el inicio de la siguiente creciente. Por otro lado, los ríos de la parte alta tampoco tienen la abundancia y diversidad de peces que existen en los cursos bajos del Marañón, Ucayali y Amazonas. Por eso, las pequeñas unidades familiares dispersas en las zonas interfluviales fueron más cazadoras que pescadoras.

Hoy, la población asentada a lo largo de los ríos de la selva alta reclama por la escasez de animales de caza. Pero, más que eso, el problema radica en que esta población se ha alejado de las zonas donde habitan estos animales, que son los espacios interfluviales. La lejanía y un cambio de patrones de conducta ha hecho que la población pierda conocimientos y experiencia para cazar y le dé pereza hacerlo porque la caza no es una actividad deportiva como la que practican los ricos en Europa, sino una tarea que demanda gran esfuerzo físico y fortaleza anímica para soportar la vida en refugios temporales en un medio riesgoso, mientras se acecha a los animales.

Muchas comunidades de la selva alta no solo son ahora ribereñas de los ríos, sino también de las carreteras. Se han arracimado a lo largo de estas para ver si así pueden vender o comprar algo. Es patético el caso del Gran Pajonal, atravesado por la carretera que va de Puerto Ocopa a Atalaya. Se trata de un medio de extrema fragilidad, por lo que los asháninkas se asentaban allí hasta hace pocas décadas en unidades familiares nucleares. Hoy todas están a lo largo de la carretera, habitando pueblos insalubres.

Los cambios más dramáticos experimentados por las sociedades indígenas han sido forzados por agentes externos: misioneros, colonos patrones y el Estado mediante el establecimiento de escuelas. Pero no es hora de buscar culpables de la situación, por más que los existan, sino de encontrar soluciones. En efecto, esas sociedades tienen potencial para impulsarlas y lo han hecho en el actual contexto de la pandemia. Son ellas, como colectivo organizado, las que hasta el momento han presentado las propuestas más coherentes y adoptado las medidas más apropiadas para la situación, como el control del tránsito.

El Estado no ha atendido esas demandas ni menos respetado las medidas adoptadas. Es un fuero que él, autoritariamente, reclama en exclusividad, aun cuando no tiene capacidad para ejercer el control (como se ha demostrado en el caso de algunas ciudades, a pesar de que estas no presentan las dificultades de alejamiento de las comunidades). Frente al impedimento de circulación impuesto por algunas organizaciones indígenas, por ejemplo, ha habido  reacciones autoritarias por parte de representantes del Estado.

Es momento de pensar en una organización territorial con mayor participación de la sociedad civil. Más que dinero, las comunidades indígenas reclaman libertad para decidir sobre su territorio.

(*) Antropólogo peruano. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde 1970, su vida profesional está centrada en temas relacionados a derechos colectivos de los pueblos indígenas amazónicos. Trabaja como consultor independiente desde 1995. Sus más recientes publicaciones son Diccionario amazónico. Voces del castellano en la selva peruana (2017) y Después del Caucho (2017).

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