Miércoles, 11 de diciembre 2019 - Diario digital del Perú

Democracia fraudulenta


Milcíades Ruiz

Milcíades Ruiz
10 d

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Los manejadores sociales logran comportamientos inducidos con fines religiosos, doctrinarios y comerciales. Pero también, con fines perversos de dominación política, cultural y económica. Se utilizan tecnologías digitales y psicológicas para lucrar mediante el fraude publicitario, pero este delito, es legal. En política se trafica fraudulentamente con las expectativas populares, cometiendo estafas diversas. Toda la campaña electoral es un fraude legitimado, pero lo permitimos porque así, nos han acondicionado.

El acondicionamiento manipulado ha hecho perder a la población su capacidad de reacción frente a los abusos gubernamentales. Sabe que no es justo, pero lo soporta porque se siente impotente ante una férrea estructura de poder con fuerzas armadas de represión. Es una cuestión de poder. Si el pueblo no cuenta con suficiente capacidad de imponer condiciones, la corrupción, el fraude y el abuso continuarán.

No puede haber democracia si el pueblo no tiene mandato sobre los administradores del estado. El fraude se ha enseñoreado por encima de la voluntad popular. Un sistema eleccionario fraudulento, necesariamente arroja gobernantes fraudulentos. Eso es lo que hemos tenido siempre durante gran parte de la historia de la república que, por lo mismo, es fraudulenta.

La investigación del caso Lava Jato, llevada a cabo por fiscales que están fuera de lo común, nos permite ver la corrupción de los presidentes y otros gobernantes en los últimos 30 años. Pero la república siempre ha funcionado así, en oculto. El fraude electoral no está solamente en el conteo de votos emitidos y en las actas. Está en el régimen eleccionario, en los organismos electorales y otros mecanismos de estafa.

Una forma muy clara de fraude electoral está en la interferencia de poderosas empresas que invierten millones de dólares en cada proceso electoral. Sabemos bien que las empresas invierten donde hay rentabilidad calculada y no, por ideales políticos. La empresa nunca invierte para perder dinero y por eso, todo aporte de dinero a la campaña electoral de un candidato es un pago a cuenta.

Pero estas inversiones disfrazadas como donaciones, aportes o colaboraciones, en la práctica son fraudes electorales. El propósito inmediato es estafar al electorado con un resultado fraudulento distorsionando el proceso. El dinero aportado se usa para el fraude publicitario en toda forma y medio, sufragar competencia desleal, sobornar autoridades electorales, bloquear rivales, etc.

En esta estafa electoral, están involucrados muchos cómplices incluyendo las empresas que financian el fraude, pero al parecer estas, están exoneradas de ser acusadas e intervenidas. Pero el fraude toma también caminos indirectos haciendo triangulación con instituciones como la CONFIEP y otras, que tienen diversos métodos de estafa electoral.

Entonces, los procesos electorales son manejados por fuerzas empresariales muy poderosas que cometen fraude sin aparecer en el escenario político. Todos creen que se ganan las elecciones en mérito a la campaña electoral de las figuras políticas, pero no es así. Todos creen que gobiernan los políticos, pero estos son solo testaferros del poder económico.

“No hay lonche gratis” es la consigna del neoliberalismo y los millones de dólares gastados para el fraude y el soborno, solo forman parte de los costos de inversión. Es pago a cuenta y diferido para que finalmente sea el pueblo el que asuma ese costo. Así, ha procedido ODEBRECHT cargando los costos al presupuesto sobrevalorado de obras y concesiones de peajes por más de 30 años.

Con esta modalidad delictiva, la millonada entregada a Keiko por el grupo Romero, grupo Gloria, grupo Ferreyros, y otras grandes corporaciones, ya ha sido recuperada, cargándola al precio de los servicios financieros, productos lácteos y otras formas de recuperación. El dominio del mercado de estos grandes grupos de poder económico les permite trasladar al consumidor los costos de la corrupción en complicidad con los gobernantes sobornados.

En esta perspectiva, siendo el pueblo el que paga esos sobrecostos con impuestos, peajes y otros cargos, al final de la cadena resultamos siendo nosotros los que financiados las campañas de Keiko y demás candidatos corruptos. Por eso estalla la gente, de pura rabia contenida por tanto abuso sin poder hacer nada. Eso explica la prolongada protesta chilena pues las esporádicas marchas de protesta son solo pataletas del momento.

Así se gobierna el Perú y como hemos podido verificar, muchos políticos llegan al poder por esta vía. Muchos congresistas son producto del fraude. Por consiguiente, los poderes del Estado son producto del fraude. Si no fuera por este fraude, muchos líderes políticos no hubiesen llegado a ser parlamentarios, ni autoridades judiciales ni electorales.

Pero ahora, con el nuevo proceso electoral ¿Será diferente? ¿Las campañas electorales no serán fraudulentas? En las listas de candidatos aparece muchos traficantes ya conocidos, pero los desconocidos ¿tendrán un comportamiento diferente? ¿Cambiar a un ladrón conocido por otro desconocido evita la delincuencia?

No es cuestión de personas. Es el sistema electoral fraudulento el que arroja una democracia fraudulenta, con autoridades de falsa representatividad. El producto final siempre será el mismo si no se cambia el sistema electoral en su totalidad. Las reformas solo maquillan la apariencia. El cambio de régimen electoral debería ser por ahora nuestra bandera para lograr una democracia más auténtica. Salvo mejor parecer.

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