Miércoles, 26 de junio 2019 - Diario digital del Perú

La verdad sobre la protesta de comuneros en Apurímac. ¿Paro o extorsión?


LAPATRIA

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24/03/2019

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¿Cuál es la verdad sobre las protestas de pobladores de Nueva Fuerabamba de la región Apurímac que desde hace 48 días reclaman a la minera Las Bambas, el pago de una indemnización de 31 millones de dólares para permitir a la minera la extracción de metales por el puerto de Matarani?

La historia empieza el año 2009, cuando la comunidad de Fuerabamba acepta la reubicación de la población en su integridad para permitir la explotación minera a tajo abierto; el nuevo lugar, producto del pacto, fue bautizado como “Nueva Fuerabamba”.

A cambio, los pobladores de la Furebamba fueron compensados S/. 400,000 (US$ 120,000) por cada familia; es decir, las 414 unidades familiares registradas en ese monto, recibieron equivalente a las ganancias de toda una vida de un trabajador con sueldo mínimo. La minera en total desembolsó 165 millones de soles.

La casa que sueña cualquiera

Asimismo, entre el año 2012 y 2014, la minera mandó a construir una moderna ciudad “Nueva Fuerabamba” en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas (Apurímac). El lugar  cuenta con un colegio para primaria y secundaria, un centro educativo inicial, cuna para infantes, un asilo para ancianos, un centro artesanal, mercado de abastos, un camal, un local de capacitación, puesto de auxilio rápido, centro de salud, un estadio, e incluso un cementerio.

Casas construidas para comunero de Nueva Fuerabamba

A este lugar se trasladaron las 414 familias; los comuneros invirtieron el presupuesto recibido en exitosas microempresas, algunos de sus hijos estudian fuera de la región y otros; sin embargo, simplemente se dedicaron al ocio (alcoholismo) perdiendo todo el presupuesto.

Como parte de las negociaciones, los pobladores también recibieron el fundo Yavi Yavi, un terreno eriazo de 136 km en Cusco, muy cerca de la minera Las Bambas; este precisamente hoy es la madre de todos los problemas.

Inicialmente la empresa cuprífero de capitales chinos MMG Limited, planeaba transportar la explotación del mineral de Las Bambas, utilizando una cinta transportadora, pero luego optó por trasladarlos por la vía terrestre, atravesando el fundo Yavi Yavi (terreno que había donado) para llegar al puerto Matarani (Arequipa).

¿Protesta o extorsión?

A inicios del presente año, el 04 de febrero, los pobladores cerraron esta vía para exigir una millonaria indemnización de 31 millones 200 mil dólares, para permitirles transitar durante los próximo 4 años por los 12 kilómetros de la vía; impidiendo las operaciones mineras.

Vía obstaculizada por la comunidad

“Prohibido el ingreso. Propiedad privada” se lee sobre un tramo de la carretera. Los pobladores de la comunidad justificación el pago considerando que es un peaje por el monto de 2600 dólares por cada metro de recorrido, una suma exorbitante. La entrevista al dirigente fue hecha publicada en “Hildebrandt en su Trece”.

Los comuneros  liderados por su presidente Grogorio Rojas y asesorado por dos abogados apurimeños radicados en Lima, Jorge y Frank Chavez Sotelo sostienen que al ser propiedad privada pueden imponer cualquier monto que ellos quieran; sin embargo, para el Estado peruano es una vía, que por Ley debe permitírsele la libre circulación.

Cuando año 2018 los comuneros iniciaron protestas, el gobierno declaró en emergencia esta zona, así se encuentra hasta el momento; asimismo, promulgó una Resolución Ministerial N° 372-2018 MTC elevando esta vía que da acceso a la minera a la categoría de Ruta Nacional.

Lo anecdótico es que el mismo Martín Vizcarra cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones y andaba desinformado, atizó la euforia social, respaldando a los cumuneros. “Yo conozco sus problemas porque he sido, al igual que ellos, dirigente de una región que demanda respeto”, señaló el 2017, comprometiéndose a una millonaria inversión que nunca se cumplió.

Estas últimas semanas, el Gobierno sostuvo diversas reuniones con los comuneros y sus abogados; pero sin resultado alguno debido a la exorbitante suma de dinero. “Tenemos que buscar por la vía del diálogo una solución para resolver esta situación, esa es la posición del Gobierno Nacional”, dijo el ministro Energía y Minas, Francisco Ísmodes.

Detención de dirigentes

Sin embargo, mientras el Gobierno y las comuneras negociaban una salida para evitar el perjuicio económicos para el Estado peruano, el Ministerio Público desde hace dos años, desde el 2017, hacía seguimiento a la gente detrás de los comuneros y encontró que se había constituido una organización criminal, con el fin de extorsionar a la minera.

Frank Chávez Sotelo, Gregorio Rojas, Jorge Chávez Sotelo y Carlos Vargas fueron trasladados a la sede de la Dirincri, en la ciudad de Lima, luego de su detención. (El Comercio)

En este contexto. La noche del jueves 21 de marzo, por orden del Poder Judicial se detuvo al presidente de la comunidad de Fuerabamba (Apurímac), Gregorio Rojas Paniura (34); además de los abogados Jorge Martín Chávez Sotelo (47), Frank Aníbal Chávez Sotelo (37) y Carlos Fernando Vargas Arizabal (37).  La fiscalía aclaró que es una detención preliminar por 15 días.

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Abancay acusa a los abogados de perpetrar acciones de extorsión en contra de la minera MMG Las Bambas con el fin de obtener el pago de 100 millones de soles, así como ser los autores intelectuales del bloqueo de vías.

Ese mismo día, fueron allanados 12 inmuebles en las regiones Apurímac y Cusco, encontrándose 300 cartuchos de dinamita, un cordón detonante, pólvora, cacerinas, casi 200 cartuchos de diverso tipo de munición para AKM y escopeta; además de S/11.940 en efectivo.

Reunión en cusco

En este contexto, el gobierno representado por el Ministerio de Energía y Minas, Francisco Ismodes, el Vicemnisterio de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina; el Gobierno Regional de Cusco, además de representantes de la minera deberán afrontar el problema y plantear una solución.

La minera elevó su propuesta de compensación económica de S/ 1 millón 900 mil a S/ 6 millones, además de contratos de servicio de S/ 1 millón por año durante tres años y otro millón en proyectos productivos. Según el gobierno peruano, el Perú pierde 30 millones al mes por este conflicto.

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